Según explicó en rueda de prensa el secretario general de la UPM, Demetrio Pérez, esta unidad lleva funcionando desde 1993 en lo que en su día fue un antiguo colegio y hasta el día de hoy han fallecido ocho compañeros por cáncer, 7 están en tratamiento por cáncer y 4 están siendo atendidos por alteraciones de tensión arterial y taquicardias.

Pérez indicó que vienen denunciando esta situación desde abril de 2004 ante las comisiones de seguridad y "todo sigue igual y no se hace nada por solucionar este problema". Insistió en que lo primero que hay que hacer es trasladar la unidad a otra ubicación para preservar la salud pública de los compañeros "y después que investiguen lo que quieran una vez que está el edificio vacío".

Por otra parte, Pérez informó de que a las 9,30 horas de mañana, miércoles, partirá una caravana de cinco furgonetas de policías municipales que recorrerá hasta las 15,30 horas del jueves las instalaciones de la policía municipal de unos 50 municipios de la Comunidad de Madrid para pedir al Gobierno regional una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales.

Según Pérez, la práctica de la totalidad de las comunidades autónomas cuentan con esta ley que regula aspectos como la segunda actividad, las condiciones para acceder a ser policía municipal, aspectos retributivos y la homogeneización de medios materiales, entre otros aspectos. La UPM pide también que esta ley regule que los policías municipales sean apartados de las calles a los 62 años, derivándolos a otras funciones como la vigilancia de las juntas municipales, por ejemplo.

La caravana concluirá el próximo jueves, día 6, por la tarde con una concentración de delegados en la sede de la Asamblea de Madrid, coincidiendo con la celebración del Pleno de la Comunidad de Madrid, para solicitar al Ejecutivo de Esperanza Aguirre que tramite y apruebe la nueva ley "que nos equipare con el resto de policías locales de España".

Pérez aprovechó para referirse a la decisión del juez de archivar la denuncia contra los concejales de la oposición que intervinieron en la protesta vecinal del Paseo de la Virgen del Puerto por la tala de árboles por las obras de la M-30, y aclaró que la denuncia no fue interpuesta por la Policía Municipal, sino por el inspector jefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, "puesto a dedo por el señor Gallardón".

Denunció la falta de independencia de la Policía Municipal respecto al poder político, y aseguró que toda la escala técnica de mando de la Jefatura de la Policía Municipal "están puestos a dedo, cuando tienen que estar por oposición", lo que, a su juicio, "da lugar a la utilización política de la Policía Municipal", como ocurre con la vigilancia de los parquímetros, que dijo que se está llevando a cabo a costa de desatender otras funciones de seguridad que tiene la Policía Municipal.