La UO reacciona así a las advertencias de sanción que el Ministerio del Interior hizo a los guardia civiles que se manifestaron esta mañana en la capital para reivindicar la equiparación salarial con los funcionarios de otras administraciones públicas.

Esta asociación de Guardia Civiles ve en los avisos de posibles sanciones de un "delito de coacción" por el que solicitan "la imputación de los dirigentes del Ministerio del Interior, encabezado por Rubalcaba".

El coordinador de prensa señaló que la UO seguramente tendrá que presentar esta querella ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo, ya que Rubalcaba, uno de los imputados, tiene un aforamiento especial y debido a su cargo tendría que ser juzgado ante dicho tribunal.

Según la UO, "el Tribunal Constitucional sostiene que siempre que haya dudas en materia de derechos fundamentales" la doctrina es resolver "a favor del reo, para que éste se beneficie del derecho" que le este siendo cuestionado. Una doctrina que también defiende el Tribunal de Derechos Humanos, añadió.

"Por eso, nosotros hemos dicho que era tan evidente que (la del Ministerio) era una orden ilegal, que cualquier funcionario de policía, al que se dificultase el ejercicio de este derecho, podía negarse a cumplirla y desobedecer esta orden ilegítima"

Además, el portavoz de la UO explicó que "cuando una persona coacciona a otra, el simple hecho de quererla amedrentar ya conlleva una pena. Pero, si además el coaccionado hace lo que la persona quería que hiciera, entonces se agrava la pena" impuesta.

En este caso, la UO sostiene que el Ministerio de Interior "ha conseguido su objetivo que es que la Junta Directiva de la UO no pudiera asistir a la manifestación" ya que sus 16 miembrosno acudieron a la convocatoria de esta mañana porque eran un "claro objetivo prioritario de los Servicios de Información", como han podido saber a través de compañeros suyos.

La UO, aclaró, "no se ha retirado en ningún momento de la manifestación que se celebró esta mañana, ya que los asociados estaban presentes, pero los 16 vocales de la junta directiva no acudieron para que el ministerio no los coja como rehenes" y puedan ser "libres al negociar sus posiciones y no estar bajo la amenaza de ningún expediente".