Según la nota de la UJI, la reforma contiene una "fórmula engañosa" al anunciar mejoras competenciales del Consejo General del Poder Judicia (CGPJ), para después "despojarle de hecho" de su función de gobierno, restándole las "escasas facultades" que se le reconocieron años atrás.

Igualmente, la asociación denuncia la invasión del Poder ejecutivo central y autonómico en el entramado de la Administración de justicia, "aislando a jueces y magistrados de todo l personal colaborador y cooperador, cuya estructura,régimen orgánico, funcionamiento y régimen disciplinario pasa íntegramente a depender del flamante ministerio bifronte de Justicia e Interior".

El comunicado señala que la nueva ley no confiere al CGPJ competencias sobre el personal colaborador, no interviene en la oficina judicial y, aunque se le reconoce el gobierno de jueces y magistrados, "el doble poder central-autonómico" se reserva facultades importantes en la selección judicial y en la elaoración de programas, y "otorga privilegios y preferencias a aquellos jueces y magistrados que conozcan lenguas autonómicas distintas al castellano común".

La UJI considera que ante esta situación el juez español del futuro inmediato será un "anacoreta" sujeto en todo al poder ejecutivo, del que dependerá el ministerio fiscal y los cuerpos colaboradores de la justicia. "Al juez le quedará la íntima satisfacción de ser independiente ... ¡interiormente!", subraya el escrito.

Por otra parte, la UJI ree que la nueva norma conculca varios preceptos de la Constitución Española al atacar la inamovilidad e invadir la independencia de los jueces y magistrados.

La citada asociación ha enviado una carta a la defensora del Pueblo en funciones, Margarita Retuerto, y al Grupo Popular, para que promuevan un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.