El convenio entre Fenosa y el resto de eléctricas gallegas ha sido auspiciado por la Consejería de Industria de la Xunta de Galicia y cuenta con el informe favorable de la Dirección General de la Energía.

El acuerdo define las zonas a las que abastecerá cada una de las 27 empress productoras y fija los precios del suministro, con lo que, según Fenosa, garantizará el servicio eléctrico en toda Galicia.

En su resolución, el Tribunal de Defensa de la Competencia señala que, aunque el acuerdo supone una restricción del libre mercado, "promueve una mejora de los sistemas de distribución de energía eléctrica, especialmente en el ámbito rural, y reserva ciertas ventajas a los usuarios derivadas del aumento de las inversiones y la garantía de los suministros".

A su juicio, el cnvenio "se encuentra justificado por razones de interés general y no presenta condiciones espeicalmente lesivas para la economía nacional o los derechos de los usuarios, máxime cuando las tarifas eléctricas se encuentran sometidas al régimen de precios autorizados".

Por su parte, la Consejería de Industria de la Xunta respaldó el acuerdo por considerar que "permite a las empresas eléctricas hacer una mayor planificación y optimizar su gestión, en base a la previsión de inversiones en electrificación rral, cifrada en unos 75.000 millones de pesetas".

Además, la Administración gallega entiende que el convenio entre Fenosa y las productoras de electricidad gallegas asegura el futuro de los mercados y hace que desaparezca "la incertidumbre de rentabilizar las inversiones" para electrificación rural en la comunidad autónoma.

No obstante, el tribunal no ha tenido en cuenta estos factores expuestos por el Gobierno gallego y se ha limitado a comprobar que la solicitud de las empresas no tiene impedimntos legales, y que entra dentro de los supuestos excepcionales que prevé la Ley de Defensa de la Competencia para permitir el control de un mercado.

PARA CINCO AÑOS

La autorización se limita a un periodo de cinco años, prorrogables a petición de los interesados si, a juicio del tribunal, perdurasen las circunstancias que lo motivaron. El convenio entró en vigor el pasado 29 de abril.

En el expediente abierto por la Dirección General de Defensa de la Competencia, se pronunció contra el conveniola Unión de Consumidores de España (UCE). En su opinión, conculca la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer un reparto del mercado y una fijación de los precios, sin que los consumidores participen de las ventajas derivadas del pacto.