La Dirección General de Política Ambiental registra anualmente 9.000 comunicaciones de traslado de este tipo de desechos entre las diferentes comunidades autónomas españolas y 5.500 notificaciones de transportes transfronterizos, entre exportaciones, importaciones y operaciones en tránsito.

El Convenio de Basilea ha sido hasta el momento ratificado por 45 de los 105 estados de Naciones Unidas que lo firmaron en marzo de 1989.

El convenio sólo autoriza el traslado de residuos peligrosos a aquello estados 'partes' del mismo que lo autoricen por escrito y garanticen que recibirán un tratamiento adecuado. Asimismo, prohíbe la importación de estas sustancias a países terceros, a no ser que el país receptor suscriba un acuerdo particular con el estado exportador.

España se ha mostrado favorable en el seno de la UE a prohibir totalmente la exportación, lo que evitaría el tráfico de residuos a países del Tercer Mundo para ser eliminados en condiciones precarias con el pretexto del reciclado.