El reglamento establece que serán imputables al Estado miembro los obstáculos que, por acción u omisión, impidan la libre circulación de mercancías. Entiende por obstáculo todo aquello que provoque una perturbación grave a la lire circulación, ocasione graves pérdidas a los particulares y exija acciones inmediatas.

La normativa contempla, además, la figura de la omisión, que se extiende a la abstención, por parte de las autoridades competentes, en la eliminación de dichos obstáculos.

Este reglamento, que no afecta al derecho y la libertad de huelga, establece que, ante la presencia de un obstáculo, se producirá un intercambio fluido de información entre el Estado implicado, la Comisión Europea y el resto de Estados miemros. El Estado miembro responderá lo antes posible facilitando información sobre el obstáculo y las medidas que propone adoptar.

La Comisión notificará al Estado donde se encuentre el obstáculo sus conclusiones y le pedirá que adopte las oportunas medidas. En un plazo de cinco días, el Estado miembro informará a la Comisión sobre las medidas adoptadas.

En la resolución correspondiente al reglamento, los Estados miembros se comprometen a realizar todas las acciones posibles para reaccionar rápidamnte y preservar la libre circulación, así como procurar vías de recurso rápidas y eficaces a todas las personas perjudicadas. Además, se invita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a reflexionar sobre la posibilidad de acelerar el examen de los casos pendientes del citado reglamento.

Según informó hoy el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tanto el reglamento como la resolución son fruto de la iniciativa del Gobierno de España ante las agresiones de que venían siendo objeto transpotistas españoles, fundamentalmente por parte de agricultores franceses.

Además de las acciones que ante estos hechos emprendió el Gobierno español, prestando apoyo inmediato a los afectados en sus demandas ante los tribunales franceses y las correspondientes reclamaciones al Gobierno de Francia y las instituciones comunitarias, los argumentos presentados por España ante el Consejo Europeo celebrado en Amsterdam en junio de 1997 lograron que el Consejo de Ministros de Mercado Interior de mayo de 1998 acanzara un acuerdo político que se ha plasmado ahora en este reglamento.