Así lo indicó EBU en un comunicado a propósito de las conclusiones del Comité de la ONU respecto al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea.

En esta revisión, el comité valoró “los importantes progresos” en la protección de los derechos de las personas con discapacidad” en la UE durante los últimos 10 años.

Entre otros logros, destacó las directivas de 2024 referidas a normas y funcionamiento de los órganos de igualdad; la directiva de Accesibilidad a los sitios web (en vigor desde 2021); la Estrategia Europea sobre los derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030; la directiva de Accesibilidad a bienes y Servicios Básicos (que entrará en vigor el 28 de junio de 2025), y la reciente puesta en marcha de las tarjetas de Discapacidad y de Aparcamiento comunes para toda la UE.

EBU estuvo de acuerdo con el comité de la ONU en aplaudir estas metas. Además, se felicitó por que los expertos de la ONU pidan “más ambición” en las directivas de Accesibilidad a bienes y servicios y de Servicios de comunicación audiovisual, y valoró las recomendaciones del comité para que la UE amplíe la cobertura temporal de las Tarjetas de discapacidad y de aparcamiento, a fin de incluir a aquellos ciudadanos que residan en otros países de forma permanente o por un largo período de tiempo.

También estuvo conforme con la instancia a la Comisión para impulsar el trámite de la directiva de Igualdad de trato; garantizar el derecho al voto accesible a todos los ciudadanos con discapacidad; imponer exigencias de accesibilidad en proyectos de ocio, cultura y deporte, y producir estadísticas desagregadas en función de discapacidad.

TRATADO DE MARRAKECH

De forma especial, EBU aplaudió la crítica del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad a propósito de la directiva para la aplicación del tratado de Marrakech en la UE.

Administrado por la Organización Mundial de propiedad Intelectual (OMPI), este acuerdo busca facilitar la producción y la transferencia internacional de libros en formatos adaptados para personas ciegas o con discapacidad visual, mediante el establecimiento de un conjunto de limitaciones y excepciones a la legislación tradicional en materia de derecho de autor.

Según las últimas estimaciones, menos del 10% de las obras publicadas son accesibles para este colectivo. De ahí surgió la idea de autorizar a entidades acreditadas de cada país (la ONCE en el caso de España) a compartir sus catálogos para la reproducción de los textos disponibles en ellos, en respuesta a la petición de organizaciones o particulares (que la entidad de turno canaliza).

En sus conclusiones, el comité de la ONU recomienda a la UE eliminar el artículo 3.6 de su directiva, por considerarlo “contrario al espíritu del acuerdo”.

Este artículo permite a los Estados exigir el pago de tasas en concepto de propiedad intelectual a las entidades certificadas, explicó EBU, cuando el tratado establece “claramente” que “el pago por derechos de autor no puede suponer barreras discriminatorias para el acceso a la cultura de las personas con discapacidad”.

“Nos alegra esta petición”, que está en línea con la preocupación ya expresada por EBU respecto a la discordancia entre la directiva europea y el espíritu del propio Tratado de Marrakech, tal y como afirmó la presidenta de EBU, Tytti Matsinen.