La directiva comunitaria del 3 de octubre de 1989 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para regular el ejercicio de actividades televisivas.

Sin embargo, la UCE asegura que en España no se ha realizado ni siquiera el anteproyecto de esa ley, por lo que considera que los ciudadanos e nuestro país están discriminados ante los del resto de la CEE, puesto que no pueden reclamar ante los tribunales en este tipo de asuntos.

Conceptos como publicidad encubierta, publicidad televisiva restringida, patrocinio o radiodifusión televisada, que están previstos en la mencionada directiva, son sistemáticamente soslayados en los diferentes canales españoles de televisión.

La normativa establece la prohibición de utilizar todo tipo de publicidad encubierta, como la que se inserta frecuenteente en los concursos televisivos, así como el fomento de comportamientos perjudiciales para la salud, para la seguridad ni para el medio ambiente dentro de los espacios publicitarios.

Es igualmente estricta con respecto a la publicidad de los productos derivados del tabaco y dicta unas normas muy concretas sobre los espacios publicitarios dedicados a las bebidas alcohólicas.

La UCE estima que ese incumplimiento del Tratado de la CEE constituye al mismo tiempo la correspondiente disminución de lo derechos de los españoles, lo cual es contrario al artículo 7 del documento comunitario, que prohibe toda discriminación por razón de nacionalidad.