Concretamente, el Supremo pide modificar el artículo 368 del Código Penal, que establece penas de uno a tres años, cuando se trate de sustancias que no causan grave daño a la salud como el hachís y de tres a nueve años de prisión, en el resto de los casos, como la cocaína, la heroína y el éxtasis.

El Supremo propone que, cuandose trate de "cantidades módicas" las penas oscilen entre los seis meses y los dos años cuando se trate de sustancias que no causen grave daño a la salud.

"La solución para las personas que tienen problemas con drogas no es la prisión. La sociedad no puede dar la espalda a las personas que delinquen por su adicción a las drogas. Nadie quiere ser drogodependiente y, desde luego, la solución no es meterle en la cárcel porque allí ni se rehabilita ni se reinserta socialmente", explicó a Servimedia el gerente de la UNAD, Jesús Martín.

Martín aseguró que el 80% de la población reclusa española está en la cárcel por delitos relacionados con la drogodependencia y que una gran mayoría de estos presos son reincidentes. "Los grandes traficantes y los blanqueadores no van a la cárcel, sólo se detiene a las personas que trafican en pequeñas cantidades para poder costearse su dosis".

"Acortar la estancia de estas personas en prisión es una buena medida pero no una solución. A las personas con dificultades por la droga en las cárceles no se les da una atención ni médica ni psicológica ni social. Los equipos de tratamiento son insuficientes", denunció Martín.

Por ello, desde UNAD demandan planes alternativos de integración para las personas drogodependientes que sean excarceladas porque "no tiene sentido que salgan antes de la cárcel, si fuera no hay otra alternativa. Hay que darle salida a sus problemas sanitarios, sociales y laborales. Son excluidos, si no se les integra, volverán a prisión".

"Hay un artículo que permite el tratamiento alternativo a personas que tienen penas inferiores a un año, que es una buena medida, pero hay que dotar esas medidas porque sino es papel mojado", apostilló Martín.