Así lo expresó Poyato durante la inauguración de las primeras jornadas de "Drogodependencia y Prisión", que organiza la UNAD y que se desarrolla en Madrid durante el día de hoy y mañana.

El encuentro, que contará con la asistencia de más de 170 especialistas de la UNAD, de otras ONG, de las administraciones públicas, de instituciones penitenciarias y de sindicatos, tiene el objetivo de fomentar "una reflexión conjunta, serena y paciente" sobre el papel de la cárcel para las personas con problemas de drogas, según indicó el presidente de esta asociación.

Además, denunció otros problemas existentes en el ámbito penitenciario en la actualidad, como "la grave saturación" en las cárceles que, según dijo, "albergan ya a más de 60.000 personas, de las que un elevadísimo porcentaje están internadas por problemas derivados de las drogas".

"Desde la UNAD llevamos años señalando que la cárcel no es el lugar más indicado para las personas que han cometido delitos de escasa importancia movidos por la adicción, y no por el narcotráfico. Llevamos años exigiendo la excarcelación de la mayoría de las personas drogodependientes, encarceladas por delitos menores", añadió.

A este respecto, propuso la utilización de comunidades terapéuticas y otros recursos asistenciales para el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para estas personas.

CAMBIOS LEGISLATIVOS

Pese a reconocer que "algunos cambios legislativos han abierto nuevas posibilidades", como la Ley de Fondo, que permite que parte del dinero incautado a las redes de narcotráfico se destine a proyectos sociales o a la realización de estudios en esta materia, aseguró que se trata sólo de "situaciones excepcionales" y apuntó una serie de propuestas en este ámbito.

Así, dijo haber solicitado recientemente al Ministerio de Justicia la modificación de algunos artículos del Código Penal y de la legislación penitenciaria, "con el objetivo de favorecer alternativas a la prisión como la mediación, la libertad vigilada y hacer un mayor uso de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad".

La consejera técnica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Graciela Silvosa, y la sudirectora general de Sanidad Penitenciaria de Instituciones Penitenciarias, Carmen Archanco, también presentes en el acto, se sumaron a la reivindicación de ese marco de reflexión propuesto por la UNAD y señalaron la necesidad de "coordinar a los responsables en materia de drogodependencia, a las comunidades autónomas, a los órganos judiciales y a toda la población" en la lucha contra esta lacra.

No obstante, sí apuntaron ciertos avances en materia terapéutica y asistencial de las personas drogodependientes en el ámbito penitenciario.

Según Archanco, en 2005 se redujo a un 10% la prevalencia del VIH-Sida en estos centros; a un 33% la de la Hepatitis C; se entregaron 23.000 jeringuillas; ascendió a 19.000 el número de internos tratados con metadona; a 7.188 el de personas atendidas por programas de deshabituación y a 4.693 el de derivados a programas de reinserción social.