Una de ellas es conocer si “la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no”, entre otras razones “para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Unidas Podemos señala que esto afecta directamente a los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez y “a la vulneración del principio de imparcialidad” que esta coalición considera que pueden cometer.

Por este motivo, solicitó la semana pasada que ambos se apartaran de participar en ninguna decisión relacionada "con las maniobras de la derecha para torpedear la normal tramitación parlamentaria de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, cuyas enmiendas aprobó el Congreso el jueves pasado y ahora se debe votar el Senado.

El escrito registrado este lunes lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago en su calidad de portavoces del citado grupo.

Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar a la justicia europea está también conocer si el “incumplimiento” de mencionado deber de abstención por parte de los magistrados implicados “sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones, teniendo presente que el derecho reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según consolidada jurisprudencia del propio TJUE, no es un derecho limitable salvo las excepciones previstas en el artículo 52 de la propia Carta”.

Unidas Podemos busca también con esta actuación judicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deje claro cómo debe aplicarse la abstención de magistrados en concreto en el Constitucional “que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro” o si esa abstención “es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno”.

El escrito también pide al Constitucional que plantee a la instancia judicial europea si “debe entenderse que el ‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa’ también concurre cuando del resultado del pleito conlleve la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver”, en clara referencia a lo que afecta a los citados magistrados del Alto Tribunal español.

Los responsables de Unidas Podemos justifican la exigencia de presentación de estas cuestiones de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque “resulta evidente que todo procedimiento nacional está sujeto, de una u otra forma, al derecho de la Unión Europea, pero, en el presente caso, si existía cualquier duda, es la propia parte recurrente la que introduce el presente procedimiento de amparo constitucional en el marco del derecho de la Unión, como no podía ser de otra forma”.

En relación a las actuaciones que desde la semana lleva a cabo el PP ante el Constitucional, desde Unidas Podemos inciden en que “en el presente procedimiento lo que resulta auténticamente relevante y necesario de preservar es la garantía de imparcialidad que ha de tener quienes están llamados a resolver las pretensiones planteadas por los recurrentes”.

“Resulta del todo incuestionable", argumemtan, "que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido”.

Partiendo del hecho de que el presente procedimiento se encuentra sometido al derecho de la Unión, el escrito advierte de que “estamos ante un caso único en el cual un poder del Estado tiene en sus manos privar de sus competencias a otro poder del Estado y, todo ello, en un caso que afecta directa e irremediablemente, tanto en lo personal como en lo profesional, a una serie de miembros del propio órgano llamado a resolver sobre el asunto”.

Unidas Podemos señala directamente que el PP lo único que pretende con su actuación ante el TC es “que se suspenda la tramitación de una reforma legal que, entre otras cosas, afecta directa, personal y profesionalmente a algunos miembros del Tribunal Constitucional y, siendo esto así de incuestionable, dichos miembros afectados, que continúan formando parte del Tribunal que resolverá sobre la demanda, no parecen dudar de que la obligación de imparcialidad que también les afecta a ellos no es de aplicación al presente caso omitiendo que, en realidad, es una causa impeditiva de sus respectivas participaciones en la resolución de este concreto procedimiento”.

Los responsables de Unidas Podemos advierten también que si el Tribunal Constitucional se niega a tramitar las cuestiones prejudiciales solicitadas “dejará expuesto al Estado español a la reclamación de cualquier otro Estado miembro y, con ello, dejará nuestro sistema jurídico y judicial a expensas de lo que, llegado el momento, interese a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea”.

En un segundo escrito presentado también hoy, Unidas Podemos recuerda al Tribunal Constitucional que sigue pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular “es claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano”.

Además, se insiste en que la petición inicial hacía referencia a una votación en el Congreso que ya tuvo lugar la semana pasada, “lo que hace perder el objeto de dicha suspensión solicitada, que debe ser inadmitida”.