Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde (formación política integrada en Unidas Podemos), presentó esa iniciativa en contraposición a la proposición de ley del PP y Vox en el Parlamento de Andalucía que pretende regularizar regadíos ilegales en el entorno de Doñana.

López de Uralde comentó que esa nueva figura sería necesaria a pesar de que Doñana cuenta con figuras de protección como parque nacional, parque natural, reserva de la biosfera, Zona de Especial Protección de las Aves y Patrimonio de la Humanidad.

“El Espacio Natural de Doñana sigue sufriendo graves agresiones”, apuntó, antes de comentar que la legalización de “hasta 1.900 hectáreas de regadío” supondría “una condena a muerte” para esa zona protegida.

Por ello, Unidas Podemos da “un paso adelante” en la protección de Doñana, puesto que, según indicó López de Uralde, “la sobreexplotación del acuífero no es nueva” y se han producido otras “amenazas históricas”, como el vertido de cinco millones de toneladas de lodos tóxicos tras la ruptura de la balsa manera en Aznalcóllar y proyectos de construir una carretera de Huelva a Cádiz y un almacén de gas subterráneo en la zona.

España cuenta con un primer precedente de dotar de personalidad jurídica a un ecosistema. Se trata del Mar Menor y su cuenca (Murcia), tras una iniciativa legislativa popular aprobada en el Congreso el pasado mes de septiembre.

Lo mismo ocurre con otros lugares internacionales, como los ríos Whanganui en Nueva Zelanda y Atrato en Colombia, y el lago Erie en Canadá y Estados Unidos. “Este reconocimiento jurídico de los ecosistemas es una nueva vía de protección de la naturaleza que se está abriendo paso con fuerza y que está creando una nueva jurisprudencia en materia de protección medioambiental”, indicó López de Uralde.

Esa nueva figura de protección dotaría a Doñana de los derechos a existir y a evolucionar naturalmente, a la protección, a la conservación y, en su caso, a la restauración. “Refuerza la capacidad tanto de las personas como de las instituciones para actuar en los tribunales en defensa de esos derechos que serían reconocidos por ley”, concluyó López de Uralde.