Según explicó Unidas Podemos, el grupo confederal se hace así eco de lo que presenta como "una reclamación histórica de los guardias civiles", la suspensión del apartado 5 del artículo 1 de la Ley Orgánica del Código Penal Militar, aprobada en 2014, para que sólo se les juzgue de acuerdo con esta normativa en los casos previstos en el apartado 4 del mismo artículo.

Ese artículo 1,4, que seguiría vigente, establece que el Código Penal Militar se aplicará a los guardias civiles "en tiempo de conflicto armado, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden o mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas".

En cambio, se suspendería el 1.5, que contempla que, "fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior", el Código Penal Militar se aplicará a los agentes de la Benemérita "cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de delito militar previstas en el Título II del Libro Segundo de este Código", es decir, delitos como la sedición, la insubordinación, la desobediencia, los insultos a un superior o el abuso de autoridad.

"También se aplicará a las mismas personas", continúa ese artículo, "por la comisión de los delitos tipificados en los Títulos I, III y IV del Libro Segundo, excluyendo en estos supuestos aquellas acciones u omisiones encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial". Estos delitos son los relacionados con la seguridad nacional, la limitación de derechos fundamentales y libertades que tienen los agentes y los que afectan a los deberes propios del servicio que prestan.

En la carta a Marlaska, Unidas Podemos argumenta que "actualmente existen supuestos bajo los cuales los profesionales de la Guardia Civil son objeto de condena penal e ingreso en prisión militar por hechos acaecidos en el cumplimiento de funciones policiales e incluso cuando no están de servicio", y que muchos de esos delitos ya están contemplados en la Ley Orgánica de régimen disciplinario de la Guardia Civil de 2007.

El grupo confederal esgrime "la necesidad de adaptar las normas penales a la realidad social" y "la obligación de preservar los derechos fundamentales y las libertades públicas de las mujeres y hombres que integran el cuerpo de la Guardia Civil" y, por ello, pide a Marlaska que suprima el citado artículo 1.5 que extiende los comportamientos de los agentes que serían susceptibles de juzgar según el Código Penal Militar.