Lo hicieron en sus respectivas ruedas de prensa antes de la Junta de Portavoces, en la que Echenique afirmó tener “buena impresión” de Gómez, con quien tuvo ocasión de negociar cuando éste era el portavoz del Grupo Socialista, mientras que de Miñones dijo que espera que “se pueda avanzar en las muchas materias que quedan pendientes” en sanidad: la iniciativa legislativa popular de calidad sanitaria, la Ley de salud mental, la Ley de Equidad y, dentro de ésta, “avanzar en la desprivatización”.

En general, Echenique insistió al PSOE en que “deje de bailar al son de la música que pone la derecha y nos dediquemos a gobernar”, aprobando la Ley de Vivienda y no acordando con el PP la reforma de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual.

Antes, Gómez-Reino encomendó a Miñones la “tarea de blindar la sanidad pública en un contexto en el que se están movilizando miles de personas” frente a los “intentos” del PP de privatizarla, y solicitó a Gómez que “no sea sobre todo un ministro de Turismo sino también de Industria”.

En esa línea, le instó a que saque adelante el proyecto de ley de Industria y el pacto de Estado para la misma, que apoyan patronal y sindicatos, y que trabaje contra las deslocalizaciones aprobando un proyecto de ley que vaya en la línea de la proposición que presentó Unidas Podemos para que las empresas que saquen fuera de España su producción o sus sedes fiscal o social tengan que devolver las ayudas públicas recibidas.

Pisarello, por su parte, enjuició que “los cambios en los dos ministerios deberían ser una buena oportunidad para relanzar la agenda social” del Gobierno, y en particular insistió en que para los Comunes es “fundamental” la Ley de Vivienda y que incluya un control efectivo del precio de los alquileres, haciendo estructural lo que se ha implementado temporalmente por la crisis del coronavirus y la guerra de Ucrania, y no limitándose a lanzar “fuegos de artificio” por la proximidad de las elecciones.

En su opinión, “el PSOE se juega su credibilidad” en esta materia, y por eso pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha mostrado a favor de aprobarla, “que se involucre personalmente” en este empeño frente a las declaraciones de la ministra de Economía, Nadie Calviño, que “suponían un retroceso en relación con lo que se había pactado con los socios y con lo que piden los movimientos sociales”.