Este trabajo,cuya recomendación general es hacer saber a los ciudadanos que habrá un castigo para quién cometa fraude si se les descubre, hace otras recomendaciones como la de aumentar los medios tecnológicos e informáticos para cruzar información entre diferentes administraciones, incluido el derecho a inmiscuirse en la información personal de los supuestos defraudadores.

Sin embargo, el informe es especialmente duro en lo referente a la lucha contra el fraude en la Seguridad Social, el inmobiliario y la economíasumergida.

En el caso de la Seguridad Social, la Unidad contra el Fraude recomienda "conceder una importancia especial" al control de la ILT, tanto en el ámbito sanitario, como en el económico y el laboral, con la asignación específica de inspectores sanitarios a esta función, prácticamente en exclusiva, aumentando la plantilla también con los ATS visitadores.

También plantea un cambio en la concesión de la ILT. Para los autores del informe, los médicos atienden más a las condiciones sanitarias qe motivan estas prestaciones que a los costes derivados de las incapacidades, y en muchos casos dejan los informes incompletos, dificultando el seguimiento de esa situación por parte de la Administración.

Para evitarlo, la Unidad considera que habría que modificar el procedimiento de concesión de la ILT, de manera que sea necesaria una resolución expresa en la que se comprueben los requisitos que dan lugar a ella antes de concederla.

En otras áreas de actuación, el informe opina que habría que enurecer las sanciones contra los empresarios que no declaran total o parcialmente sus negocios, y primar a quienes sí lo hacen con incentivos fiscales a la mejora tecnológica y competitiva de sus empresas.

Aunque el informe llega a pronunciarse a favor de una reducción generalizada de las sanciones por fraude fiscal, al entender que su dureza puede desincentivar a quienes tienen intención de regularizar su situación, apunta algunas medidas para "animar" a aquellos gestores que no estén muy dispuestos aordenar sus cuentas con el Fisco.

La Unidad contra el Fraude señala que hay que reforzar las sanciones complementarias, sin caracter económico, que ya están recogidas en la regulación fiscal, y cuyas consecuencias para algunas empresas pueden poner en peligro su propia viabilidad, como puede ocurrir en aquellos negocios que dependen en gran medida de la Administración cuyos contratos pueden verse "cortados" como consecuencia de una situación de fraude puesta al descubierto.

Incluso va más allá enla búsqueda de responsabilidades para los empresarios con clara voluntad de defraudar, ya que pide que se extienda la declaración de responsabilidad para los gestores, con el fin de que no puedan eludirlas en estas situaciones, sobre todo cuando se trata del uso de sociedades interpuestas, en las que la descarga de acusaciones concretas sobre personas físicas se hace más difícil.