Tras manifestar su preocupación por las "continuas" modificaciones que sufre la Ley Penal del Menor, González-Bueno señaló que dicha norma se creó "originalmente con el objetivo fundamental de la educación y la reinserción social de los menores de edad infractores, de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución Española y la Convención sobre los Derechos del Niño".

Asimismo, recordó que la última evaluación realizada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al informe de España en 2002 sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, ya expresaba "la inquietud por el hecho de que la privación de libertad no se utilice como último recurso".

Este responsable de Unicef invitó a los partidos políticos a analizar las "profundas raíces" que dan lugar a la delincuencia infantil, como la pobreza en los niños (España tienen uno de los peores indicadores de los países desarrollados), la discriminación, la calidad del sistema educativo, la desestructuración familiar o, incluso, la escasez de servicios psiquiátricos infantiles.

"Frente a estas graves causas, el incremento de las penas a menores o la ampliación de la edad mínima no garantizan por sí mismas, ni a corto ni a largo plazo, la desaparición o remisión de la delincuencia juvenil", añadió.

Unicef comparte la preocupación de muchos especialistas y organizaciones cuando afirman que algunos menores "especialmente conflictivos" impiden el adecuado proceso de reinserción de muchos de sus compañeros dentro de los centros de internamiento.

Sin embargo, esta organización considera que, "incluso en ese caso, la solución no debe pasar por castigar como adulto a una persona que cuando cometió el delito no era adulto y dicho castigo no le era imputable".