A su juicio, este incremento masivo de los beneficiarios de la sanidad pública produciría un engrose de las listas de espera en los hospitales públicos, y también perjudicaría al propio sector asegurador por la liquidación de cuentas, lo que cotribuye negativamente en la confianza con estas entidades.

Unespa explicó que el principal aspecto de la Ley que perjudica a las entidades de asistencia sanitaria es la obligación de aumentar su capital desembolsado de 30 a 350 millones de pesetas, lo que significa un incremento del 1.116 por ciento (para el resto de entidades aseguradoras el mínimo actual es 60 millones, por lo que el aumento es la mitad).

Actualmente, según los datos de la patronal, en España operan 129 entidades, de las que toas, menos 10, circunscriben su actuación a una única provincia o comunidad autónoma, lo que da cuenta de su escasa capacidad económica.

Unespa aseguró que esta exigencia de capital social supone una discriminación para las pequeñas y medianas entidades, ya que tener un capital desembolsado de 350 millones, suponen un volumen de 1.944 millones de primas recaudadas. Actualmente sólo 14 entidades superan esa cantidad.