Según Mansilla, esta ley obligará a las aseguradoras a pagar 100.000 millones de pesetas en intereses por el dinero que tendrán que captar en el mercado para alcanzar los capitales mínimos exigidos en la norma, que oscilan entre 350 y 1.500 milloes.

Ese coste adicional será repercutido en los precios que las aseguradoras cobrarán por las pólizas a sus clientes, con la probable excepción de las aseguradoras del automóvil que, según Mansilla, reciben un tratamiento más favorable.

Unespa estima que las aseguradoras tendrán que desembolsar 272.000 millones en el plazo de un año para cubrir las exigencias de capital fijadas en el proyecto de ley, y las mutuas otros 35.100 millones.

A su juicio, esto provocará, además del aumento de precis, la desaparición de compañías pequeñas que, a pesar de su solvencia, no pueden cubrir esos capitales. Actualmente, 393 de las 506 entidades aseguradoras no disponen del capital suficiente.

Mansilla aseguró que el Gobierno, queriendo propiciar la concentración de empresas, lo que va a conseguir es aumentar la participación del capital extranjero en el sector, del que ya controla el 40 por cien.

Según sus datos, los requerimientos de capital planteados por el Gobierno superan a los de todos los píses europeos, ya que el segundo lugar corresponde a Italia, que exige un capital mínimo de 250 millones, frente a los 1.500 millones de España.

A su juicio, la solvencia y no el capital debería ser el criterio seguido para juzgar qué empresas puede actuar en el sector de seguros, ya que las cargas financieras que se impone a las compañías españolas las harán inviables frente a las europeas.

Como alternativa, Mansilla propuso a la Dirección General de Seguros varias medidas para defender la solvecia de las entidades y luchar contra el "dumping" de las compañías que ofrecen precios inusualmente bajos para eliminar la competencia y luego imponer sus tarifas.

La primera consistiría en que las aseguradoras estuviesen obligadas a remitir mensualmente la información imprescindible para que la Dirección General de Seguros conozca su grado de solvencia. "Y al que dé datos falsos, que lo manden a la cárcel", aseguró Mansilla.

El responsable de Unespa también sugirió la fijación de primas de referncia, a partir de las estadísticas de siniestralidad remitidas por las empresas a la Dirección General de Seguros, para detectar a quienes practiquen el "dumping".

CESAR A LOS QUE ENTIENDEN

Mansilla expresó su confianza en que el Grupo Socialista del Congreso, con el que piensan entrevistarse, corrija el proyecto de ley, del que dijo que puede conducir a la "muerte" a las empresas del sector.

Acusó al Gobierno de poner siempre al frente de la Dirección General de Seguros a personas "inteligente" pero que no entienden de seguros y a los que cesa en cuanto empiezan a saber.

A su juicio, la nueva ley no persigue el fortalecimiento financiero del sector, como afirma el Gobierno, sino "pura y simplemente, la brutal simplicación del mercado con la eliminación arbitraria de un altísimo número de entidades".

Como punto positivo, Mansilla sólo señaló la decisión del Gobierno de establecer límites a las indemnizaciones por daños, principalmente por accidentes de automóvil, a fin de contener el cecimimiento de las cantidades fijadas por las sentencias de los jueces.

Según Mansilla, en Alemania el cien por cien de estas indemnizaciones son calculadas de mutuo acuerdo entre las aseguradoras y sus clientes, lo que asegura a las primeras unos costes razonables y a los segundos el pronto cobro del dinero.