Una fuente de Unesa explicó hoy a Servimedia que la argumentación que se presentó al ejercutivo comunitario, elaborada a lo largo de tres meses (desde que el decreto fuera aprobado en el Congreso, en diciembre) es "sólida" y "tiene muchos agarraderos jurídicos con la legislación comunitaria".

Por ello, confió en sus posibilidades. "No lo presentaríamos si pensáramos que no las tenemos", dijo.

La mencionada fuente indicó que la patronal ha querido mantener esta denuncia dentro de la discreción "para que no se politizara", dado el momento en que la denunica fue presentada: tres días antes de las elecciones generales.

El conocido como decreto del CO2 detrae de la retribución de las eléctricas los ingresos derivados de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Según esta norma, las eléctricas deberán descontar de su retribución en torno a 1.400 millones de euros, correspondientes a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero de 2008.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos prometió en el Congreso que el Gobierno promoverá, en la legislatura que ahora comienza, una regulación de los derechos de emisión de CO2 como proyecto de ley, tal y como demandan las empresas eléctricas.

DENUNCIA EN BRUSELAS

La denuncia de Unesa alega que esta normativa atenta contra el dercho comunitario y dificulta el cumplimiento de los objetivos de la política energética y medioambiental de la Unión Europea.

Todo ello porque, según Unesa, este decreto reduce artificialmente los ingresos de las empresas generadoras, "minorando la remuneración de la actividad de generación con el propósito de reducir el déficit tarifario existente en España".

Además, "mantiene anormal y artificialmente bajas las tarifas eléctricas en España, impidiendo que éstas reflejen el coste real", por lo que "incentiva el consumo irracional de electricidad en España, incrementando la demanda de energía y las consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera".

Unesa añade en su denuncia que este decreto "discrimina a los clientes liberalizados en beneficio de los consumidores que compran a tarifa regulada" y discrimina, también, a "las empresas eléctricas respecto de otros operadores que actúan en sectores económicos con emisiones de CO2 y cuyos ingresos no se van a ver minorados".

Asimismo, considera que esta normativa "distorsiona el funcionamiento del mercado único de electricidad, colocando a unos generadores en situación de desventaja competitiva en relación con generadores de otros Estados miembros que no sufren minoración de sus ingresos" y "desincentiva las futuras inversiones en la adecuación del parque de generación y en la mejora medioambiental de los actuales equipos generadores".

Finalmente, según Unesa, este decreto supone "una privación patrimonial injustificada e injustificable por la vía de la anulación del valor económico de los derechos asignados gratuitamente y de la minoración de ingresos asignados por el libre funcionamiento del mercado".

Ahora, la patronal está a la espera de que la Comisión Europea estudie el asunto. Algo para lo que no hay fecha prevista y para lo que, probablemente, Bruselas requerirá a Unesa información suplementaria.