Así lo demandó en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Mujeres y en el que su presidenta, Ascensión Iglesias, subrayó que las féminas “sufrimos múltiples discriminaciones y violencias por el mero hecho de ser mujeres que nos impiden ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones con los hombres”, convencida de que uno de los ámbitos donde esa "desigualdad" se hace "más evidente" es el de la salud sexual y reproductiva, que, a su entender, "tiene un impacto directo en el bienestar y la vida de las mujeres y es clave para el ejercicio de otros derechos en el ámbito laboral, económico, familiar, educativo”.

En este punto, la entidad recordó que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es “básico” para su salud, su bienestar físico y emocional y “su proyecto de vida”. “Por ello, acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva; elegir si casarse, cuándo y con quién; decidir si tener hijos y cuántos, vivir y expresar libremente la sexualidad y tener relaciones sexuales consensuadas sin coacciones ni violencias, como la violencia sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, son derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las mujeres”, sentenció.

A este respecto, lamentó que en España todavía existen “obstáculos” para ejercer estos derechos, “especialmente” en el caso de las mujeres migrantes, que se enfrentan a “barreras sociales, culturales e institucionales" que les "impiden" el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El idioma, la falta de información sobre recursos y cómo acceder a ellos, la falta de redes familiares o de apoyo, la “desconfianza” en las instituciones por "la xenofobia y el racismo", o la discriminación social son, a su juicio, “algunas de las barreras que muchas mujeres encuentran cuando tratan de recibir atención en salud sexual y reproductiva”.

En este contexto, UNAF demandó recursos e información “adaptada” a las “necesidades” de las mujeres migrantes con el apoyo de servicios profesionales de mediación intercultural, así como el acceso universal a los servicios públicos de salud sexual y reproductiva y recordó que la entidad trata de contribuir a este acceso a través de un servicio de atención integral ante “diferentes formas de violencia”, como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, y un servicio “pionero” de mediación intercultural especializada en salud sexual y reproductiva disponible en más de 20 idiomas.

“Sin embargo, es necesario que el Estado garantice esta figura en los servicios públicos de salud y dote a los profesionales de herramientas y recursos para ofrecer un servicio integral desde una mirada interseccional”, apostilló, consciente de que la falta de independencia administrativa que sufren muchas mujeres que llegan a España por reagrupación familiar “permite a sus maridos ejercer mecanismos de control, extorsión y violencia bajo la amenaza de dejarlas en una situación de ilegalidad”.

Por ello, abogó por fomentar el “empoderamiento y autonomía” de las mujeres a través de la formación, sensibilización y participación social, con el fin de “prevenir diferentes formas de violencia”.