En una nota de prensa, UNAD señala que "la elevada expansión del sida en España y e altísimo porcentaje de personas privadas de libertad con problemas de drogodependencias justifican por sí mismas esta medida, que debería haber llegado mucho antes, con lo que tal vez no seríamos el país que encabeza la lista de infectados por VIH en Europa".

Por otra parte, el presidente de UNAD, Antonio Escobar, recuerda que las personas privadas de libertad y con problemas de drogodependencias "son ciudadanos que gozan de todos sus derechos, salvo el de libertad de movimiento, y tienen, por tanto,derecho a una adecuada asistencia sociosanitaria".

"La cárcel no puede suponer una interrupción en un proceso terapéutico", añadió Escobar, "y en muchos casos puede convertirse en el lugar donde iniciar ese proceso. Lo que hay que evitar, en cualquier caso, es que la prisión se convierta en un lugar de riesgo para la salud de los ciudadanos allí retenidos".

UNAD subraya que es obligación de las administraciones poner a disposición de los drogodependientes todas las medidas, programas y recursos ncesarios para que tengan una mejor calidad. "Los programas de reducción de daños y riesgos, en sus distintas modalidades, han demostrado en los últimos años su utilidad y sus beneficios, por lo que es adecuada la extensión de los mismos, incluso dentro de los centros penitenciarios", precisa.