El citado convenio entró en vigor el pasado 1 de febrero sin que lo haya firmado España, que, sin embargo, sí firmó, en diciembre del año 2000, el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

En una nota de prensa, la citada red de ONG señala que, además de firmar dicho convenio, España debe llevar a cabo una política de "tolerancia cero" ante la trata de personas mediante un plan nacional que proteja los derechos de las víctimas.

Proponen un sistema de "detección y protección integral de todas las víctimas de trata", con independencia de que colaboren con las autoridades e interpongan denuncia contra los autores del delito. Además, esta organización considera que para los menores debe haber medidas específicas.

Asimismo, piden a los partidos políticos que, si ganan las elecciones, destinen más recursos económicos y personales "para garantizar la eficacia en la lucha contra la trata de personas".

En la Red Española Contra La Trata de Personas participan una veintena de organizaciones, como Amnistía Internacional, Cáritas Española, CEAR, Cruz Roja Española, Federación de Mujeres Progresistas, Médicos del Mundo y Save the Children.