La organización ecologista, que puso en marcha una campaña de movilizaciones contra las bombas de racimo, documentó las actividades de las empresas que producían estas bombas en España, y expresó su rechazo a través de protestas como la que lleva a estos activistas a juicio.

El fin de esta campaña coincidió con la prohibición por parte del Gobierno de este tipo de armamento, tras ser uno de los primeros países que ratificó el tratado de prohibición de las bombas de racimo.

El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, considera que "deberían sentarse en el banquillo los que se han enriquecido produciendo y comercializando estas armas repugnantes, y no nuestros activistas", según informó la organización ecologista.

"Deberían darles las gracias a los activistas", porque "gracias a su compromiso hemos conseguido que (estas bombas) se prohíban definitivamente en España y que un convenio internacional las prohíba en todo el mundo", indicó el máximo dirigente de Greenpeace en España.