Este departamento puso a disposición de los afectados varios expertos de la Policía que aconsejaron a los empresarios una serie de medidas de seguridad para protegerse de posibles atentados de la banda terrorista.

Entre los empresarios que recibieron cartas de ETA se encontraban el banquero Alfonso Escámez y el presidente de Portland Valderribas, Alfonso Cortina, a los que iban dirigidos los paquetes-bomba quese detectaron ayer en las instalaciones de Correos, tras la explosión del primero de ellos.

Con estos datos, el Ministerio de Justicia e Interior considera prácticamente seguro que los autores del atentado han sido miembros de la banda terrorista ETA, con lo que quedan despejadas las dudas expresadas ayer por el ministro Juan Alberto Belloch sobre la paternidad de la acción.

AMENAZADOS

Fuentes solventes indicaron que entre los empresarios amenazados por ETA se encuentran Eduardo Serra, ex subseretario del Ministerio de Defensa, posteriormente presidente de Cubiertas y MZOV y en la actualidad presidente de Airtel; Jorge Fabra, presidente de Red Eléctrica de España SA; Manuel Salvadores, de Land Rover Santana; Juan Manuel Kindelán de Bonilla, ex presidente de Enresa y actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear; McPherson Osborne, de la bodega Osborne, y Carlos Otero, de la empresa Motor Nacional, entre otros.

En la lista de afectados por los intentos de extorsión de la banda armada tabién se incluyen los nombres de Santiago Gil de Biedma y Vega de Seoane, de la firma Gil y Carvajal; Carlos Martínez Albornoz, de Auxini; Gregorio González Irún, de Comercial Potasas; Gonzalo Pascual Arias, de Viajes Marsans; Francisco Javier Ruiz-Ogarrio, de Duro Felguera; Javier Pérez Laborda, de Euroseguros; Mario Caprile Stuchi y el italiano Emilio Mauri, de Antibióticos.

Interior estima que la banda envió cerca de un centenar de cartas a distintos empresarios madrileños, de los cuales aproximadamnte la mitad denunciaron la extorsión a la policía.

Todos los empresarios citados se negaron a ceder al chantaje de la banda, a pesar de que ésta les volvió a amenazar durante el verano de 1994. Las fuentes policiales consultadas estiman que menos de un 2% de los requeridos por ETA en Madrid acaban pagando.

En sus cartas, la banda responsabiliza a los empresarios de "la actual situación de conflicto entre Euskalherria y el Estado español", al tiempo que les acusa de formar parte de la "oligarquía que se ha beneficiado de la desindustrialización y sabotaje económico que sufre el País Vasco.

ETA solicita cantidades diversas a los empresarios, que llegan hasta los 100 millones de pesetas, y tiene conocimiento exacto del estado de cuentas de las empresas en las que trabajan cada uno de ellos.