Sin embargo, dos tanquetas fueron colocadas hoy, por orden de la Dirección General de la Policía (DGP), ante la residencia privada del embajador de Estados Unidos, situada en el Paseo de la Castellana, y en la salida de vuelos internacionales del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Según la DGP, la colocación de las tanquetas obedece a un reforzamiento de las medidas de seguridad no porque haya habido alguna alerta especial, sino porque no fueron puestas en marha el pasado jueves, fecha en la que estalló el conflicto, por falta de la infraestructura necesaria.

En otros países de la Comunidad Europea, como Francia e Italia, grupos pro árabes lanzaron en días pasados artefactos explosivos de fabricación casera contra empresas o sedes de instituciones.

En España, los únicos incidentes que se han registrado hasta la fecha son llamadas anónimas -como las recibidas en la Universidad Autónoma de Madrid o en el aeropuerto de Barajas- anunciando, en nombre de gupos árabes, la colocación de bombas. Todos los avisos han resultado ser falsos.

Las medidas especiales que ha tomado la Secretaría de Estado para la Seguridad y que se enmarcan en la denominada "Operación Duna" se mantendrán de forma "indefinida", según el mismo portavoz.

PERMISOS POLICIALES

Los permisos de descanso de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, encargados especialmente de velar por la seguridad de las embajadas, también han sido suspendidos indefinidamente.

Por el momeno, todos los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado mantendrán su estado de "alerta dos" y los aeropuertos, puertos, edificios oficiales, centrales nucleares, multinacionales y otras instalaciones de interés estratégico serán objeto de control y protección especial.

Según el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), la suspensión de permisos es absurda, porque no se pueden mantener unas medidas de seguridad similares a las que son establecidas cuando hay elecciones cuando no se sab cuánto durará el conflicto bélico.

El presidente del SPPU, Javier Tirado Melo, ha pedido al inspector jefe de Servicios, Plácido Almendra, que arregle "esta situación injusta", máxime cuando existen unas unidades especiales encargadas de velar por el orden público en casos similares.