Esta ley, que se enmarca en el Plan de Lucha contra la Delincuencia, forma parte del conjunto de iniciativas del Gobieno para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a las agresiones de la delincuencia.

Así, en materia de seguridad, la nueva ley trata de dar respuesta penal a la delincuencia reiterada introduciendo una nueva circunstancia agravante de reincidencia. En concreto, el texto establece una pena de delito para la reiteración en la comisión de faltas, es decir, cuatro faltas cometidas en un año pasarán a ser delito.

Asimismo, de manera específica, las conductas consderadas falta en el Código Penal pasarán a ser delitos cuando se cometan en el ámbito de la violencia doméstica. De esta manera, se tendrá la consideración de delito desde la primera agresión, lo que abre la posibilidad de imponer pena de prisión y, en todo caso, la privación del derecho a la tenencia de armas.

La habitualidad de este tipo de agresiones supondrá también la posibilidad de que el juez acuerde privación de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento.

En materia de inmigración, a ley permite sustituir la pena impuesta al inmigrante que delinque y que no reside legalmente en España por su expulsión. Según recoge el texto normativo, se trata de evitar que la pena y su cumplimiento se conviertan en formas de permanencia en España.

Otras cuestiones que regula la nueva normativa es el aumento de la penalidad por tráfico ilegal de personas; la tipificación del delito de mutilación genital o ablación, y la reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio referidos al feómeno de la inmigración.