La decisión judicial responde a la denuncia presentada contra el Ministerio de Sanidad por Steven Harrison, un militar retirado parapléjico, y Valerie Garnham, una paciente con una enfermedad muscular progresiva, en la que reclaman poder seguir percibiendo ayudas públicas para pagar a los profesionales que ellos elijan para que les atiendan en su hogar, como venían haciendo hasta ahora.

La legislación británica permite a personas con discapacidad que precisan recibir cuidados en su domicilio elegir a sus cuidadores y pagarles con las ayudas públicas previstas para este fin.

Sin embargo, si la salud de estos pacientes empeora y precisan asistencia continuada, dejan de percibir dichas ayudas económicas y es la sanidad pública la que les asigna los servicios que estima oportuno, incluso aunque esta última opción tenga unos costes económicos muy superiores.

Debido a ello, los pacientes no pueden elegir los profesionales que les atienden, ni los horarios para recibir dicha asistencia que más se ajustan a sus necesidades, una situación que Harrison y Granham denunciaron con el fin de poder seguir percibiendo ayudas y mantener los mismos cuidadores que les habían ayudado durante años.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que en virtud de la legislación actual los denunciantes no pueden seguir beneficiándose de dichas ayudas, por lo que los demandantes han anunciado su intención de apelar esta decisión.