En un comunicado, la Plataforma denuncia que los responsables de colegios de farmacéuticos de Andalucía pactaron el contenido del decreto con la Junta y posteriormente se han dedicado a "amedrentar" a sus colegiados alegando que, en caso de que no aceptase la nueva normativa, el Gobierno autonómico podría liberalizar la apertura de farmacias.

El presidente de la Plataforma, Juan José de Torres, no sólo considera inadmisibles las amenazas que están recibiendo, sino que critica el hecho de ue se pueda dar a entender que se legisla a favor de la farmacia y no de los ciudadanos.

Para la Plataforma, el decreto de la Junta de Andalucía se alinea con los que, en su día, se aprobaron en Extremadura y en Castilla-La Mancha, algunos de cuyos contenidos fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional.

Recuerdan que en el texto andaluz se contempla la expropiación de las farmacia en el caso de que su titular decida concurrir a la adjudicación de una nueva.

Hace dos años, el movimento a favor del actual modelo de farmacia consiguió en Andalucía 250.000 firmas de ciudadanos que apoyaban la propuesta de la Plataforma "que, en el fondo, consiste en la defensa del modelo público de asistencia sanitaria contra los planteamientos de liberalización que acabarían desmontando el Sistema Nacional de Salud", asegura.