EL precepto LEGAL mereció las críticas unánimes y duras de todos los grupos de la oposición, tanto socialistas como nacionalistas, que admitieron la posibilidad de que las entidades privadas intervengan en calidad de colaboradoras, pero no como prestadoras de servicios sociales.

Asimismo, los grupos de la oposición argumentaron que nuna la atención a los colectivos menos favorecidos debería ser fuente de lucro para empresas o sociedades privadas.

Por parte del Grupo Popular, la diputada Manuela López Besteiro afirmó en su defensa de la apertura de los servicios sociales a la iniciativa privada, que en el mundo actual hasta las cárceles se privatizan, y agregó que no hay, sin embargo, equiparación con las administraciones públicas.

Asimismo, la diputada aseguró que la nueva ley establece garantías, no requiere autorizaciones, fja el precio y exige garantías tanto arquitectónicas como sanitarias al tiempo que contempla sanciones.

La nueva ley de Servicios Sociales de Galicia fija sanciones que, según la gravedad de la infracción, oscilan entre las 100.000 y los 2.500.000 pesetas.