Así lo asegura Arrizabalaga en una entrevista que publica el número de septiembre-octubre de la revista 'Escritura Pública', que edita el Consejo General del Notariado.

Esta magistrada, además de integrante del TSJPV, es delegada del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en el País Vasco.

Sobre la Ley 8/2021, Arrizabalaga afirma que, por su experiencia, el "desconocimiento" sobre esta norma es "muy relevante, salvo quienes se relacionan con asociaciones y fundaciones". Asegura que "los operadores jurídicos, cada uno en su ámbito, deben dar a conocer la ley, también las administraciones públicas están obligadas a ello, a través de campañas, medios de comunicación, etc".

En este mismo sentido, señala que "hay un gran desconocimiento por parte de los afectados, tanto de la propia persona con discapacidad como sus familiares, quienes por lo general han asumido dicha función".

"EN EL CENTRO DEL SISTEMA"

No obstante, Arrizabalaga destaca que la Ley 8/2021 sitúa a las personas con discapacidad "en el centro del sistema" y deben tomar sus decisiones, con los apoyos que precisen.

También se refiere a que esta norma debe cambiar la visión sobre la discapacidad y dar preferencia a las medidas de apoyo voluntarias frente a las judiciales.

A su juicio, la ley acaba con la "sustitución" en la toma de decisiones que suponía la tutela previa y la curatela se centra en asistir y acompañar a la persona. También alude a que ahora la persona con discapacidad puede elegir a su curador y este debe respetar su voluntad y deseos.

Asimismo, esta magistrada alude en la entrevista a que pasar por un juzgado especializado en discapacidad le ayudó a descubrir "un mundo que solo me ha aportado cosas buenas".