Los hechos que han dado lugar a la sentencia se produeron al mediodía del 13 de marzo de 1997. La mujer, que tenía 50 años, resbaló y cayó por las escaleras, fracturándose el coxis, haciéndose un esguince en el tobillo y sufriendo múltiples contusiones (craneales, miembros superiores e inferiores, parrilla costal y región lumbar).

La caída agravó las hernias discales y la artrosis en la columna vertebral que ya padecía, por lo que necesitó "asistencia facultativa con control médico continuo" y "tratamiento fisioterapéutico con carácter indefinido".

Según consta en la sentencia, las distintas lesiones son "irreversibles" y la caída produjo a la mujer "secuelas físicas, psíquicas y perjuicios estéticos".

Para el Supremo, no hay duda de que la Administración es responsable de este accidente y de sus consecuencias. "La caída de la recurrente se produce en unas escaleras de mármol de una oficina pública de más de un siglo de antigüedad, desgastadas por el paso del tiempo y por la reiteradísima utilización de la misma por parte de los usuarios".

"A pesar de ese reiterado uso, que comportaba un clarísimo desgaste de las escaleras", la Administración no instaló mecanismos tendentes a la prevención de posibles accidentes, una medida que, dadas las circunstancias, resultaba "imprescindible", sostiene el Supremo.

Los magistrados señalan que aunque en la fecha de los hechos no había entrado en vigor el real decreto que establecía la necesidad de instalar antideslizantes en pavimentos de rampas y escaleras de los lugares de trabajo, lo cierto es que sí existía una directiva comunitaria al respecto y la Junta de Andalucía debió cumplirla.