La CECU, que mostró su satisfacción por la apertura de estas diligencias, había acusado a PEUSA de no pagar la liquidación correspondiente a lo aportado por 600 familias para cubrir los gastos universitarios de sus hijos.

La organización de consumidores trasladó esta denuncia a la Fiscalía General del Estado el 30 de julio de 1993, pra que el ministerio público investigara las irregularidades que, a su juicio, había cometido PEUSA en Sevilla, Huelva y Málaga.

Cuando llegó el momento en que los padres iban a comenzar a retirar el dinero para pagar los estudios, PEUSA les comunicó que la sociedad se iba a liquidar y les compensó una cantidad inaceptable, según la CECU.

Esta actuación de PEUSA fue denunciada ante la Dirección General de Seguros, que confirmó que la entidad no estaba habilitada para gestionar fondos de esta natualeza, al no estar inscrita en los registros pertinentes. La denuncia fue trasladada a la Fiscalía General del Estado.