El informe, titulado "Envejecimiento, Edad y Empleo en Europa" ha sido realizado por la catedrática de Sociología de la Sorbona de París, Anne Marie Guillemard, una de las máximas especialistas mundiales en políticas económicas y sociales sobre la tercera edad.

La autora aboga por una reforma de las actuales políticas de jubilación que posibilite la permanencia en el mercado de trabajo a las personas d edad que lo deseen y que evite al mismo tiempo la quiebra financiera de los sistemas públicos de Seguridad Social.

A su juicio, es preciso aplicar una nueva "política de edades", no basando la distribución de la actividad económica en la exclusión de los trabajadores de más edad porque "esa opción, "que hasta hace no mucho parecía satisfacer a todas las partes, ha demostrado ser a la larga una opción perjudicial para todas ellas".

CINCO RECOMENDACIONES

Entre las medidas más drásticas que propoe el informe para lograr ese objetivo figura el establecimiento de una mayor protección contra el despido de los trabajadores de edad y limitar las prejubilaciones a los supuestos en que se hayan agotado todas las demás soluciones.

Aconseja también la eliminación de los criterios de edad en la determinación de la indemnización por desempleo. Aduce que dichos criterios se vuelven contra los trabajadores mayores, que hubieran debido ser los primeros beneficiados, pero que resultan ser los primeros despeidos "al ser los mejor protegidos contra el riesgo del desempleo".

Una cuarta medida propuesta en el informe es que los esfuerzos de inserción en el trabajo y recuperación del empleo no deberán reservarse sólo a los jóvenes, sino extenderse asimismo a los desempleados de edad.

La quinta y última recomendación es potenciar la oferta de empleo para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, fomentando la adopción de horarios flexibles y a media jornada, entre otras cosas.

A juicio de l autora del informe, si no se aplican estas medidas "podría surgir en Europea una clase de nuevos pobres de entre los grupos de trabajadores de fin carrera".

Ante este peligro, los Gobiernos se encuentran cogidos entre un desempleo pertinaz que incita a las empresas a rechazar a los trabajadores mayores y un envejecimiento demográfico que acarreará, de no mediar modificaciones de la legislación, "un aumento formidable de los gastos sociales, muy especialmente de los capítulos referidos a la Seguridad ocial y las jubilaciones, al tiempo que genera una menor capacidad para financiarlos".

Esta situación, concluye, puede abocar a "una guerra de edades y/o al hundimiento de una economía frenada a la vez por las cargas sociales y por envejecimiento de su fuerza de trabajo".