La deuda de la empresa, puntera en España en el mercado del cerdo ibérico (mata el 16% del cerdo anualmente en el país), asciende a 2.000 millones, y proviene de la inversión a la que le obligó recientemente la Comunidad Europea para adaptar su sistema productivo a la normativa comunitaria.

En el plan de viabilidad, consensuado por el comité de empresa, el consejo de administración y las entidades bancarias acreedoras, de las cuales la más importante es el Banco de Castilla, se contempla la osibilidad de que la empresa siga funcionando mediante una ampliación de capital que suscribirían en parte los propios trabajadores.

El plan supone también la renegociación de la deuda a largo plazo, y la obtención de un nuevo crédito por valor de al menos 400 millones.

Sin embargo, para sacar adelante ese plan de viabilidad, todas las partes consideran imprescindible que la Junta de Castilla y León preste un aval por ese valor.

Precisamente, para que la aprobación del aval siga el trámite d urgencia, el grupo socialista en las Cortes castellano-leonesas ha remitido hoy a la Mesa del Parlamento regional una proposición no de ley en la que insta a la Junta a que conceda ese aval de inmediato.

El retraso de esa actuación por parte del Gobierno podría suponer, según el procurador del PSOE, Cipriano González, que se creara en Guijuelo una crisis industrial y una pérdida de empleo similares a las sufridas por la localidad de Béjar, también en Salamanca, tras el cierre de la Hispano-Textil.

De FIGASA dependen no sólo los 247 trabajadores a los que emplea, sino también, indirectamente, cientos de ganaderos que llevan sus ejemplares a la comarca entero. FIGASA registró una facturación de 8.100 millones de pesetas en 1993 e invirtió 2.900 en la modernización de sus instalaciones.