Los trabajadores, representantes de las plantas de Asturias, La Coruña, Murcia, Palencia, Granada y Madrid, pretendían ponerse unas camisetas en las que se podía leer "estratégica para la defensa nacional" y "Santa Barbara constitucional", en defensa del carácter público de la empresa.

El incidente se produjo al término del debate de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la venta de Sant Bárbara. En el momento de la votación se levantaron e increparon al Gobierno y al PP, con expresiones como "vendidos", "bastardos" o "hijos de p...".

Inmediatamente, la presidenta de la Cámara, Luisa Fernanda Rudí, ordenó el desalojo, que se produjo, tras unos minutos de forcejeo con los servicios del Congreso.

A la salida del Parlamento, Roberto Teixido, en representación de los trabajadores, aseguró que el PP les había engañado, prestándoles su apoyo mientras estuvieron en la oposición. Explic que los populares se sumaron a sus protestas y les garantizaron su interés por mantener el carácter público de Santa Bárbara, para cabar vendiéndola por "1.000 millones de pesetas".

A su juicio, esta privatización viola el carácter estratégico de la empresa de fabricación de armamento y pone en peligro el tamaño de la plantilla y la estabilidad de los empleos.

Se quejaron por haber sido expulsados del Congreso y por ver "pisoteados" sus derechos constitucionales. Amador García fue aún más allá e las críticas. Acusó al Gobierno de incumplir la ley de ser "unos golfos" y de estar cometiendo "un desfalco" al vender por un precio ridículo una empresa estratégica para la defensa de España.

Se preguntó dónde "se volatilizan" los miles de millones que están saliendo de Santa Barbara y arremetió contra el Gobierno por "traicionar" la soberanía nacional por "venderse" a potencias económicas extranjeras.

Recordó que los trabajadores tienen interpuestos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribual Constitucional, que han sido admitidos a trámite. Asimismo, exigió que el fiscal general del Estado investigue esta privatización y la supuesta concesión de contratos de Defensa a empresas vinculadas con el ex ministro del ramo, Eduardo Serra.