Este es uno de los datos reflejados en el informe sobre 2005 del Observatorio Permanente de Consultas y Reclamaciones de la UCE que presentó hoy su presidente, José María Roncero, en el Instituto nacional de Consumo.

Según este informe, la UCE atendió durante el pasado año un total de 198.805 consultas y reclamaciones, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2004.

José María Roncero calificó como "llamativo" el liderazgo de las compañías de telecomunicaciones, sobre todo "si se tiene en cuenta que en la vivienda se hace la mayor inversión de nuestra vida".

En relación a las telecomunicaciones, Roncero agregó que "es un escándalo que compañías que facturaron 30.000 millones de euros en 2005 no dispongan de servicios internos para canalizar las reclamaciones de los usuarios, lo que provoca que éstos hayan de acudir a los tribunales de arbitraje, organismos que están sufragados con fondos públicos".

Tras las compañías de telecomunicaciones y las promotoras e inmobiliarias, aparecen los comercios de electrodomésticos (el 5,7% de las reclamaciones) y los bancos y cajas de ahorros (el 4,7%).

500 EUROS ANUALES

Otro de los aspectos analizados por el observatorio es el coste anual que suponen para cada ciudadano los distintos abusos de las compañías. En 2005, según la UCE, este concepto ascendió a 497 euros.

En este capítulo, destacan los bancos y cajas, con 180 euros, la vivienda con 150 y las compañías aseguradoras con 90.

Asimismo, la telefonía móvil, con 32 euros anuales, las compañías aéreas con 25 y los aparcamientos con 20 también aparecen en esta clasificación.

Por otro lado, el estudio apunta a la negativa en la ejecución de las garantías en electrodomésticos y otros artículos, al incumplimiento de las condiciones contratadas y a las deficiencias en la prestación del servicio, como las prácticas abusivas más usuales.

Para el presidente de UCE estos datos confirman que "estamos en manos de grandes empresas que siguen imponiendo su propia ley y vulneran derechos consagrados de los ciudadanos y por ello exigimos del Gobierno políticas activas que realmente protejan los derechos de los consumidores".