El pasado 20 de marzo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos Inhumanos y Degradantes pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que gestionase una visita a España para hablar con los máximos responsables españoles de seguridad.

La delegación europarlamentaria estará encabezada por su presidente, el italiano Antonio Cassese; el vicepresidente, Bent Sorensen, y los diputados Lidie Dupuy, Nadia Gevers Leuven-Lachinsky y Claude Nicolay.

Expertos n el sistema carcelario británico, médicos y psicólogos acompañarán a la delegación europea durante su entrevista con José Luis Corcuera. En días sucesivos hablarán con los responsables de Instituciones Penitenciarias y de Justicia.

COMISARIAS Y CUARTELES

Según fuentes próximas a la comisión, sus miembros, que estarán quince días en España, pedirán permiso al ministro para visitar las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía, varias comisarías madrileñas, el cuartel bilbaíno de La Slve y cárceles de máxima seguridad, de las que solicitarán desde los planos de los edificios hasta su actual organigrama.

Al finalizar todas las inspecciones, los eurodiputados realizarán un informe confidencial sobre las impresiones que les han producido el hacinamiento penitenciario, los calabozos policiales y las condiciones de vida de los presos.

Los miembros de la comisión del Parlamento Europeo han visitado anteriormente instalaciones de Alemania, Inglaterra y Francia. Su última misión fue n viaje a Turquía para comprobar directamente la situación de los derechos humanos en ese país.

España ratificó en mayo de 1989 el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

LEY ANTITERRORISTA

Según el último informe de la organización Amnistía Internacional (AI), la aplicación de la Ley Antiterrorista ha ocasionado numerosas denuncias sobre malos tratos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad españolas en dependencias policiales. La mayoría de las denuncias provinieron de presuntos miembros de la banda terrorista ETA, aunque también fueron presentadas algunas por delincuentes comunes.

AI señala en su informe de 1990 que aunque la ley prevé un plazo máximo de detención para los presuntos terroristas de cinco días en régimen de incomunicación, la mayoría de los arrestados fueron puestos a disposición judicial antes de cumplir ese plazo.

Sin embargo, algunos detenidos formularon denuncias de malos tratos, "especialmenteen forma de técnicas de desorientación, tales como el encapuchamiento o la privación de alimentos y bebidas, al tiempo que eran sometidos a persistentes interrogatorios", según el informe.

Asimismo, AI apunta que funcionarios de la cárcel de máxima seguridad de Alcalá-Meco utilizaron aerosoles paralizantes cuando los penados se negaban a ponerse en pie durante los registros de las celdas, a desnudarse para ser cacheados o a obedecer otras órdenes.

En noviembre de 1989, la organización internacionl escribió a José Luis Corcuera una carta en la que le solicitaba información puntual sobre los progresos en las investigaciones abiertas en España por supuestos malos tratos a detenidos.