Los hechos ocurrieron en 1982, cuando Gregorio García, de 36 años, ingresó en la clínica San Pedro de Madrid con un corte en su dedo pulgar de la mano derecha, que se hizo con un cuchillo de carnicero, profesión de la que vivía.

El afectado acudió al servicio de urgencias acompañado por su esposa, la cual informó al personal de la clínica de que su marido no era alérgico a los antibióticos y, por lo tanto, le podían suministrar un Britapén, que actúa como desinfectante. Este medicamento cntiene una sustancia que le causó la muerte inmediata, debido a una crisis aguda en el corazón.

Tras operar el dedo afectado, el médico ordenó que se le suministrara Britapén y así se lo comunicó a la auxiliar de clínica ahora condenada, a quien los magistrados del Tribunal Supremo achacan una "acción sanitaria negligente" que provocó un "perjuicio gravísimo".

Según el tribunal, la auxiliar decidió inyectarle el medicamento, cuando pudo dárselo por vía oral, "donde, tras una atención inmediata, cbe muchas veces la reparación de los efectos nocivos que, en determinados casos, pueden inferirse del tratamiento con antibióticos".

Además, los magistrados reprochan la "evidente desorganización" de la clínica, donde la auxiliar condenada "desarrolló sin cortapisa alguna una tarea sanitaria para la que no estaba legalmente capacitada".

Con estos argumentos, el Supremo revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid, que absolvió a la mencionada auxiliar de clínica y al cntro médico de la muerte de la víctima.