Este dato se desprende de una carta enviada por la auditora Bores Loring a los miembros de la citada comisión, en la que se solicita una ampliación de la auditoría en curso, porque "hay dcumentos en los que se pone en duda la realización de determinadas obras y actuaciones", según el texto.

Las sospechas de la empresa se centran en grandes proyectos del anterior Ejecutivo regional, como son el Teatro de Festivales, el Parque de Cabarceno o la Clínica de Liencres, obras todas ellas que han experimentado un considerable incremento presupuestario desde que se comenzaron a ejecutar.

El portavoz del CDS en la comisión de investigación, Manuel Garrido, reveló que el Hospital de Liencre, equipado con alta tecnología médica, costará finalmente unos 5.000 millones de pesetas, frente a los 1.200 en que fue presupuestado hace dos años.

Garrido, líder del partido que controla la Consejería de Sanidad en el Gobierno de gestión presidido por el socialista Jaime Blanco, aseguró ante la citada comisión que su formación política no ha encontrado aún entre los documentos de la consejería un expediente de obras que justifique semejante desviación presupuestaria.

PSOE, Partido Regionalista e Cantabria y CDS acordaron que sea la propia comisión, y no la empresa auditora, la que lleve a cabo los trabajos de investigación directa para determinar la existencia o no de las supuestas obras "fantasmas".

Durante la reunión de hoy, los miembros de la comisión han tenido conocimiento oficial de parte de las conclusiones definitivas de la auditoría, informe parcial que también ha sido enviado al juez que instruye la querella de los partidos políticos cántabros contra Juan Hormaechea.

Bores Loing estima en sus conclusiones que el Gobierno de Hormaechea utilizó de forma habitual una técnica excepcional, como es la convalidación de gastos "a posteriori", que en el bienio 1988-89 alcanzó los 5.821 millones de pesetas, con informe técnico negativo en numerosas ocasiones.

Una de las conclusiones más polémicas es la adjudicación a la empresa Oyprocansa de toda la cartelería anunciante de obras de la diputación regional, encargo sobre el que no existe expediente de contratación.

Los grupos plíticos presentes en la comisión de investigación acusaron al Gobierno de Hormaechea de haberse convertido en un "intermediario", actuación prohibida por ley.