Según argumentó la citada confederación en un comunicado, la norma contra los malos tratos rompe las reglas de juego fundamentales del Estado de Derecho y establece una restricción de los derechos de los ciudadanos.

Es "una norma de discriminación positiva en función de la condición sexual del sujeto activo y pasivo de una conducta antijurídica y socialmente reprochable y no en base al resultado o peligrosidad de la conducta misma", afirman los padres y madres separados.

Además, continúa esta federación, la Ley Integral contra la Violencia de Género "está resultando a todas luces ineficaz en la lucha contra la violencia sobre la mujer, por lo que aún se entiende menos el empeño de nuestros gobernantes en justificar el sacrificio del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley".

Por último, esta confederación indicó que no existe no existe ninguna legislación europea que justifique, como lo hace la española, "la discriminación en el Derecho Penal fundada ni en el sexo ni en ninguna otra variable estática".