"Esto es una migaja tercermundista que resulta del incidente de Roquetas y que no vale para nada. Lo que necesita la Guardia Civil es en primer lugar que se proceda a la desmilitarización y que se le dote de medios novedosos y de cursos de defensa personal", aseguraron fuentes de la asociación a Servimedia.

La decisión del Gobierno se restringe exclusivamente a los agentes de Tráfico, que obtendrán un licencia para su uso, mientras que para el resto de unidades el empleo de este tipo de armas defensivas seguirá sin ser reglamentarias.

ASIGC aseguró que, "con este tipo de defensas es imposible neutralizar a una persona violenta. Si el Gobierno está en contra de que se golpee al que se resista ha de saber que con la porra lo único que se consigue es una agresión que puede provocar lesiones y que no consigue el objetivo principal, que es la neutralización del individuo".

Interior ha fijado un presupuesto que ronda los 123.000 euros y un periodo de tiempo de una semana para que los agentes soliciten la porra y se les asigne una licencia para su uso.

Finalmente, fuentes de la asociación de guardias civiles aseguraron que "todo lo que el Gobierno publicite será rechazado radicalmente. Sentimos verdadero rechazo de todo lo que venga del Ejecutivo después de observar cómo se gestionó la crisis en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería)".