Sánchez recordó que los fiscales, "antes en muchos de los juicios de faltas ni comparecían", y que ahora, aunque en la mayoría de los casos sí lo hace, "las penas que piden son casi siempre multas y, en muchas ocasiones, absoluciones, porque no lo ven claro o no consideren que han quedado acreditados los hechos".

Añadió que, cuando los fiscales piden penas, "son muy leves: multas de escasa cuantía, muy raramente el arresto y más raramente todavía la medida de alejamiento".

La representante de la ALA dijo, asimismo, que el 85% de las denuncias por malos tratos a la mujer acaban tramitándose como juicios de faltas, y no como delitos.

En los juicio de faltas no es necesaria la presencia de un abogado, lo que perjudica claramente a las mujeres, ya que al disponer de menores posibilidades económicas acuden a sos jucios sin letrado, mientras que los agresores, con más medios, recurren a un abogado.

Aclaró que, al no ser obligatoria la presencia del letrado, no hay posibilidad de pedir asistencia gratuita de un abogado. "Es cierto que tras la reforma del Código Penal se inician a tramitar estos casos como diligencias previas, que se consideran como delito, pero luego pasan a juicio de faltas", puntualizó.

La abogada explicó que esto sucede así porque "una de las circulares de la Fiscalía General del Esado pedía que el Ministerio Fiscal siempre pidiera la trámitación como diligencias previas, en casos de malos tratos, hasta que se viera la gravedad de lo sucedido".

Sánchez explicó que hay formas de maltrato que son faltas y otras constituyen delito. Actualmente, para que merezcan esta última calificación "tiene que ser algo realmente grave, como lesiones que hayan necesitado un tratamiento quirúrgico o médico, no sólo una primera asistencia".

El Servicio de la Mujer de la ALA recibe anualmente nas 1.800 llamadas de mujeres, de las que unas 500 piden abogado. De ellas, 350 terminan en juicio, con sentencias condenatorias en un 61% de los casos.