Este dato es una de las conclusiones de la quinta edición de la encuesta "Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas", que ha elaborado el sociólogo vasco Francisco Llera, director del Euskobarómetro, que viene realizando este estudio con el patrocinio de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

La encuesta fue presentada hoy en Madrid, durante una rueda de prensa en la que participaron la presidenta de la Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundua; la presidenta de Covite, Cristina Cuesta, y el gerente de la Fundación para la Libertad, Teo Uriarte. Estas dos últimas organizaciones han colaborado en esta última edición del estudio demoscópico.

Cristina Cuesta señaló que, entre las conclusiones de la encuesta, puede interpretarse que los ciudadanos dan un "toque de atención" a PSOE y PP y creen que estos partidos deben ponerse de acuerdo para perseguir el final de ETA.

ACUERDO PROBABLE

El sondeo realizado por el profesor Llera, que ha efectuado 1.200 entrevistas mediante cuestionarios, concluye que un 88 por ciento de los encuestados creen que "debe revitalizarse el Pacto Antiterrorista", para lo cual también debería plantearse la posibilidad de abrirlo a otros partidos.

Asimismo, los entrevistados entienden que el entendimiento contra ETA de socialistas y populares es imprescindible. En concreto, esto es algo que piensan el 89 por ciento de los encuestados, lo que supone 10 puntos más que en el sondeo del pasado año. En esta línea, un 60 por ciento de los entrevistados ven este acuerdo probable, lo que supone 30 puntos más que en la encuesta anterior.

Otro resultado del estudio es que un 71 por ciento de los preguntados están de acuerdo con la ilegalización de ANV y el PCTV. Hay consenso entre los ciudadanos a favor de reformas legales como las penas de alejamiento para los etarras o que se les exija el pago de las indemnizaciones a las que fueron condenados.

Al mismo tiempo, un 92 por ciento de los preguntados consideran que los terroristas deben cumplir la pena máxima de 40 años de cárcel que contempla la legislación española para los casos de terrorismo.

Otra de las conclusiones de la encuesta es que un 89 por ciento de los entrevistados entienden que los amenazados por el terrorismo deben tener la consideración de víctimas del terrorismo, algo que ya ha sido discutido en el Congreso de los Diputados.