Fernández Ordóñez dijo que el Gobierno de José María Aznar tiene muy fácil la anulación, ya que existe un recurso ante los tribunales del consorcio Movi 2, enel que participa la operadora Uni2 e Iberdrola, presentado después de que el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, dejara fuera de las adjudicaciones a ese grupo.

Para el ex presidente del TDC, ese recurso pesa sobre el futuro de las licencias UMTS españolas, y su marcha ante los tribunales, unida a las diferencias de ingresos obtenidos con su adjudicación frente a las cantidades billonarias que se van a cobrar en el Reino Unido, Alemania o Francia justificarían la anulación.

En est sentido, Fernández Ordóñez insistió en su idea de que las cuatro compañías beneficiadas con licencias UMTS en España sólo disponen de ellas desde hace seis meses, y los compromisos de inversión y gasto en los que pueden haber incurrido siguen siendo muy bajas, en comparación con lo que aún puede recaudar el Estado español repitiendo las adjudicaciones como lo han hecho en otros países europeos.

También fue crítico con las compañías de telecomunicaciones que ahora denuncian el excesivo precio que se etá pagando por estas licencias en Europa, recordando a sus responsables que "a nadie se le ha obligado a concurrir y a hacer las ofertas que se están haciendo". Agregó que todas ellas están teniendo la oportunidad de retirarse a tiempo si estiman que las cifras que se van a pagar no aseguran el negocio.

Asimismo, refutó al Gobierno su argumento de que unas licencias más baratas en España aseguran mayores inversiones en red y en empleos y unos precios más baratos.

A su juicio, ninguna de las cuatr empresas que se han llevado una licencia de móviles de tercera generación en España tienen compromisos de fijar precios. "Lo más probable y lo lógico desde una óptica empresarial", puntualizó, "será que lo hagan pensando en maximizar sus beneficios y no en agradecer al Gobierno el gesto de regalarles una licencia".

No obstante, el economista y experto en competencia admitió que existen soluciones alternativas a la anulación para corregir el perjuicio causado por el Gobierno a las arcas públicas, comola posibilidad aumentar el canon que deben pagar las empresas cada año. No obstante, dijo que esa no deja de ser una solución aún más intervencionista por parte del Ejecutivo.