Así se expresó Álvarez desde Palma para valorar el acuerdo general entre PSOE y Sumar que, entre otras medidas, recoge la necesidad de reducir la jornada laboral en España y modificar la regulación del despido.

Álvarez recordó que “desde el año 1984 en España no se había producido una reducción del tiempo de la jornada máxima de trabajo” y que “ir a esta reducción” es una “exigencia” de los sindicatos. “España es un país de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, ir a una reducción sustancial del tiempo de trabajo sin un cambio legislativo genera muchísimas dificultades e incluso para muchas trabajadores y trabajadoras lo hace imposible”, añadió.

A su juicio, “con los cambios que ha habido en el sistema productivo en nuestro país”, en todos los sectores, “se hace absolutamente necesario iniciar ese camino”, por lo que “esa es una buena senda”.

Álvarez explicó que todo apunta a que la reducción será hasta las 37,5 horas semanales, aunque precisó que el sindicato considera que esta debería ser “la legislatura de las 35 horas semanales”.

Este líder sindical subrayó que “parece que el año 2025 lo vamos a terminar o vamos a empezar el año 2026 más fácilmente con la jornada de 37 horas y media pero eso no nos puede privar de visualizar ese horizonte generalizado en nuestro país de la jornada laboral de 35 horas semanales”. Desde su punto de vista, con la mejora de productividad que se va a producir con las nuevas tecnologías y los fondos europeos es algo “perfectamente asumible” por las empresas.

Asimismo, recordó que la reducción a las 40 horas semanales se hizo en los años 80 con un acuerdo con la CEOE y deseó que ahora vuelva a poder ser posible. “Me gustaría que este sea un camino que podamos hacer conjuntamente con las organizaciones empresariales”, lanzó Álvarez.

Eso sí, se mostró consciente de que “seguramente que la primera reacción” de la patronal “no va a ser muy positiva”, aunque espera que “sea lo suficientemente abierta como para que nos permita iniciar ese proceso de negociación”.

Por otro lado, exigió que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba hasta los 1.200 euros, ya que en cualquiera de las fuentes que se utilice, para que este indicador sea de al menos el 60% del salario medio en España, debe situarse por encima de ese umbral.