En un comunicado, el sindicato indica que el texto deja "indeterminados" asuntos como la composición y representación de las universidades públicas, el profesorado contratado laboral o la investigación en la universidad.

Además, contiene preceptos que podrían ser "de dudosa constitucionalidad", al permitir crear contratos laborales a las comunidades autónomas, y deja a éstas unos márgenes "difícilmente compatibles" con la convergencia europea o la búsqueda de criterios uniformes de calidad.

Otras cuestiones que preocupan a FETE-UGT son los derechos profesionales de los cuerpos de funcionarios docentes o la utilización de un complemento retributivo, como el sexenio, como elemento de clasificación entre cuerpos docentes, saltándose la legalidad vigente.

Finalmente, subraya el sindicato, tampoco habla de coordinación entre la Administración central y la autonómica en relación con las políticas de profesorado y financiación de la educación superior, más allá del papel que juega el CCU.

Además, no recoge regulación alguna sobre el personal de administración y servicios, su profesionalización y carrera administrativa.