Según UGT, estas modificaciones estaban incluidas en el acuerdo suscrito en septiembre de 1992 por las centrales sindicales y tienen el objetivo de normalizar las elecciones de los representantes de los trabajadores en las empresas, evitando la confrontación entre los sindicatos y la politización que se producía. A juicio de UGT, "las modificaciones aprobadas amplían las garantías de concurrencia y participación electoral para todas las opciones sindicales y sitúan a los trabajadores y empresa como los protagonistas en el proceso electoral".