En una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Díaz defendió este miércoles que el “problema” del despido en España no está en la cuantía de las indemnizaciones, aunque sí se mostró partidaria de abordar las causas y de reforzar el “carácter reparativo” del despido, en función de qué “consecuencias” tiene para cada trabajador.

La titular de Trabajo avanzó que esta cuestión se abordará en la reforma del Estatuto de los Trabajadores que el Ministerio de Trabajo acometerá junto a los agentes sociales.

“El problema no está en la indemnización. Está en la restricción de causas. Que se pueda o no se pueda despedir”, dijo la vicepresidenta segunda, quien criticó el “edadismo” que sufren las personas mayores de 45 años en el mercado de trabajo. Por ello, defendió que se abordarán las causas del despido y el carácter reparativo, para que la indemnización sea “diferente” en función del impacto que tiene la finalización de la relación laboral en cada persona.

A este respecto, el secretario confederal de UGT, sindicato que presentó una reclamación contra la baja cuantía de los despidos en España ante el Tribunal Europeo de Derechos Sociales, celebró las declaraciones de Díaz y recordó que esta denuncia ha sido admitida a trámite.

“La indemnización de un despido ilegal caprichoso e injustificado debe ser suficientemente reparador y disuasoria para impedir que conductas ilegales se generalicen en nuestro mercado de trabajo”, dijo Fernando Luján. A su juicio, “la función reparadora significa que la indemnización por un despido injustificado debe recoger todos los daños que esa decisión injusta ocasiona a la persona trabajadora”.

En consecuencia, apuntó que debe tener en cuenta factores como la edad de “la víctima” o si es una familia monoparental o monomarental. “Entendemos que las indemnizaciones basadas exclusivamente en la antigüedad incumplen, especialmente las de menos tiempo, la función resarcitoria que exige la Unión Europea”, abundó Luján, quien denunció que la regulación del despido en España vigente en la actualidad vulnera la Carta Social Europea.