El citado decreto establece que la adopción de las medidas excepcionales corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y a los ayuntamientos. "Sin embargo, los agentes medioambientales, cuyas competencias han sido ampliadas, aún no han sido informados ni sobre este particular ni sobre las restantes medidas a adoptar", señala UGT.

El sindicato criticó que, "aún a pesar de conocer desde otoño de 2004 el riesgo de sequía que en ese momento padecía la Comunidad de Madrid, (la Comunidad) no ha actuado para reducir las consecuencias de esta situación recurrente hasta que se ha consumado".