En un comunicado, UGT afirma que dicho acuerdo "representa un primer mal paso hacia la política europea migratoria común", ya que la propuesta, que aún tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo, "deja sin resolver lo que ocurre con una persona que, tras el periodo máximo de internamiento no es identificada y, por lo tanto, no puede ser expulsada".

Para el sindicato, "se ha pretendido mandar un mensaje de eficacia ante la opinión pública europea, reiterando la culpabilización de los inmigrantes y eludiendo el efecto llamada que supone para la inmigración irregular la economía sumergida y aquellos que se lucran a costa de los extranjeros no comunitarios sin autorización".

UGT ve con preocupación que el Parlamento Europeo finalmente pueda avalar esta directiva, "que es lesiva para los derechos de las personas, ya que para defender y fomentar la migración regular no es necesario instaurar un régimen dudosamente compatible con el respeto a los derechos humanos".

Para UGT, la inmigración, si hemos de tener en cuenta tanto el ejemplo de esta Directiva como otras propuestas en materia de migración laboral, "se valora, para Europa, en función del beneficio económico con el mínimo coste".

El sindicato que dirige Cándido Méndez asegura que "no puede aceptar como argumento que determinados países de la Unión tienen una regulación aún más lesiva en materia de derechos", puesto que "siempre ha de ser el ejemplo de los más garantistas con los derechos el que ha de ser tomado como referencia".